La jornada electoral del domingo 7 de junio será recordada por muchos no por la claridad y legitimidad de las elecciones, sino por ser una de las más custodiadas y, si no me equivoco, la mayormente militarizada desde que existe un órgano electoral en el país, actualmente llamado Instituto Nacional Electoral (INE).
Lo sucedido en nuestro estado y nuestra región del Istmo de Tehuantepec es alarmante en términos del discurso oficial que manejan nuestro ejecutivo federal y los actores políticos de ambas cámaras, que se jactan de un país democrático con aires de crecimiento en la vida política y del respeto a los derechos y garantías individuales.
Lo que debemos reflexionar es: ¿qué estuvo en juego en las elecciones del domingo 7? ¿Por qué la urgencia de legitimar las elecciones en medio de un clima de hartazgo social y de incredulidad en nuestras instituciones?
La primera respuesta está a simple vista: el partido político del ejecutivo federal (PRI) busca legitimar y encumbrar a su partido con la mayoría en San Lázaro y así perpetuar la reformación en diferentes ámbitos la vida nacional de México, además de lo que ya se ha hecho a través del Pacto por México, esa macabra alianza entre la clase empresarial neoliberal, el ejecutivo federal y ambas cámaras.
Como segunda respuesta, tendríamos que hacer un análisis a fondo de qué ha ocasionado que la sociedad ya no crea en el INE y los partidos políticos: la farsa y fraudes que a lo largo de su existencia han realizado a través de violar las leyes electorales y sin que hayan sido castigados.
Pero el fin justifica los medios, según se habla en esos cuadros políticos. A últimas fechas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que aglutina al magisterio disidente y busca democratizar al SNTE, emprendió una jornada de lucha con la finalidad del boicot a tan anunciadas elecciones para posicionarse políticamente ante el gobierno del descontento de la mayoría del gremio por las reformas estructurales aprobadas entre 2012-2013 hasta la fecha, pero sobre todo en contra de la reforma educativa, que no es más que una reforma laboral-administrativa y que solo busca el despido masivo de los compañeros docentes a nivel nacional. ¿De qué forma? Con una "evaluación" sancionadora y con un amplio sentido punitivo, con un solo examen estandarizado sin tomar en cuenta los planes y programas, las características del contexto social-escolar en el que están las escuelas y sin tomar en cuenta las características de las mismas.
Desde el domingo 31 de mayo, las oficinas del INE a nivel distrital fueron tomadas por integrantes de la Sección XXII de la CNTE, con lo que se impidió que sesionaran los consejeros distritales e iniciar así dicho boicot electoral.
La jornada se intensificó a media semana, cuando en algunas regiones, sobre todo en el Istmo y Valles Centrales, accionaron de manera radical al tomar la refinería en Salina Cruz y el almacén de Pemex en El Tule, por lo que la secretaria de Gobernación, en voz de el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava, ofreció respuestas al pliego petitorio de la CNTE entregado el 1 de mayo en Bucarelli a Gobernación.
Las respuestas fueron analizadas por la asamblea estatal, donde no fueron avaladas por los representantes de las diferentes regiones y sí calificadas como insuficientes, lo que impulsó a seguir la ruta trazada desde un principio. El boicot era entonces inminente.
El día viernes, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, dio ultimátum a los integrantes de la CNTE para que entregaran las oficinas tomadas del INE porque, de no hacerlo, enviarían a las fuerzas federales (policías, gendarmes y militares) a recuperarlas, y así lo cumplió el día viernes por la noche y el sábado durante el día: el traslado de contingentes de dichas fuerzas de "seguridad" arribaron a los estados con presencia de la CNTE, por lo que nuestra entidad no fue la excepción.
La táctica acordada por la CNTE en asamblea urgente el día viernes por la noche y madrugada del sábado fue el repliegue de manera pacífica a las plazas públicas de las ciudades o lugares donde se encontraban en plantón sin confrontarse con las fuerzas armadas, pero el calor de los ánimos de muchos camaradas desembocó en enfrentamientos y, por lo tanto, en la represión del orden policiaco y militar sobre los compañeros.
En redes sociales se reportaron muchos incidentes a nivel estado y la detención de 80 maestros; probablemente falten más porque quizá hubo detenciones arbitrarias no grabadas por alguna cámara.
En la región Cañada (Teotitlan del Valle y Huautla de Jiménez) no se instalaron las casillas y el acceso a ambos lugares fue bloqueado, y así el orden militar no pudo ingresar a esos lugares.
En Valles Centrales, en varias colonias de Oaxaca se quemaron casillas electorales y también hubo varios detenidos. El video más circulado el de un camión urbano de la línea Choferes del Sur donde se trasladaban al parecer a un grupo de apoyo a las manifestaciones de la Sección XXII, y todos fueron detenidos.
En la Cuenca del Papaloapan (Tuxtepec) se dio una cacería de manifestantes al detener y trasladar a la PGR-DF un grupo de cerca de 20 compañeros.
En la región del Istmo, nuestros paisanos ixhuatecos impidieron la instalación de las casillas y no hubo votaciones. En Juchitán hubo una la abierta confrontación de maestros en conjunto con los vecinos de colonias y el pueblo en general contra los uniformados. El último reporte que me llegó indica que al parecer hubo muertos por armas de fuego. Se generó violencia en el Canal 33 durante un bloqueo que ahí se mantenía para evitar el ingreso de las fuerzas represoras del Estado.
Una vez más, el Estado muestra su poder represivo y autoritario como Pinochet en Chile, Videla en Argentina y en nuestro país como en los tiempos de Díaz Ordaz y Luis Echeverría, donde las voces de la clase trabajadora y estudiantes son lo menos importante cuando está de por medio el poder político-económico y asegurar los cargos de las funciones públicas con un sólo partido. Esto deja al descubierto la falacia que nos vendieron cuando dijeron que el tricolor era un nuevo partido.
Podremos o no estar de acuerdo con las formas de protesta, pero en lo que sí no podemos estar en deacuerdo es en que estamos ante una dictadura moderna, donde los que gobiernan solo siguen órdenes de las grandes corporaciones internacionales neoliberales y que modifican las leyes para beneficios de estas: cuando se prioriza el negocio en vez de la vida del ser humano, cuando se antepone a los extranjeros que a nuestros compatriotas.
Si no logramos entender y reflexionar acerca de esto es porque hemos sido dogmatizados por el discurso oficial de un futuro prometedor y providente por parte de quienes debieran brindarnos soluciones reales y no mandarnos militares a una elección.
El pueblo debe ejercer su derecho al respeto a sus garantías individuales y, sobre todo, a ser tomado en cuenta no solo en tiempo de elecciones, sino en las decisiones primordiales de esta nación. ¿O es que somos cómplices y nos gusta que nos traten mal? ¿O acaso no somos capaces de buscar una mejor nación a través de alzar la voz y cambiar el rumbo siendo críticos con quienes abusan de los cargos públicos y se sirven de estos cuando la democracia debería ser para que estos nos sirvan a nosotros?
Elecciones militarizadas
José Enrique Mauleón Medina
Tomada del sitio noticias.univision.com