Vaya momento histórico el que se vive en Oaxaca desde el 20 de julio y que al parecer se habrá de prolongar por quién sabe cuánto tiempo. Sus protagonistas, el Estado mexicano y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), a través de la Sección XXII, dirimirán allí un conflicto que se vislumbra no solo difícil y complicado, sino definitorio para el sindicalismo del país.
El gobierno estatal, coaligado al gobierno federal –sin que se abolle un ápice la soberanía de aquel, se ha dicho–, parece llevar ventaja, pegó primero, y duro, a quien desde 2013 se le opuso acérrimamente, la CNTE, subiendo el encono de esta una vez fue aprobada la reforma educativa por el Congreso.
A simple vista se aprecia una descomunal desproporción de fuerzas a favor del Estado mexicano porque parece que ahora sí tiene la sartén por el mango, ello no solo porque maneja al IEEPO y metió en cintura al gobernador oaxaqueño, sino porque maniató de manos a la S-XXII con una maniobra similar a la usada para combatir a los terroristas y a la delincuencia organizada: el congelamiento de cuentas bancarias. ¿Será que la S-XXII tiene ya esa categoría y no nos lo habían informado? Hasta ahora se le había ligado a la guerrilla del EPR, a grupos anarquistas y a una izquierda extrema marxista-leninista. También se les reconoce nexos con los cinco últimos gobernadores oaxaqueños, todos ellos priistas de cepa pura, excepto el actual, pero ninguno de muy gratos recuerdos para los oaxaqueños.
Machaconamente se informa que 20 mil efectivos policiacos vigilan Oaxaca para que se cumpla la reforma educativa, que, como bien sabemos, la CNTE –en los 26 estados donde tiene representación– se ha negado a cumplir en los términos aprobados por el Congreso argumentando –no sin razón, por cierto– que es una reforma laboral administrativa de carácter punitivo que pretende doblegarlos al quitarles arbitraria e injustamente sus empleos al mismo tiempo que dar entrada a la privatización de la educación en todo el país.
Asimismo, para la CNTE ser evaluados por el patrón con quien no se congenia no augura imparcialidad, ya que queda al arbitrio de este la decisión de deshacerse de los no deseados. Si a ello le agregamos que quien repruebe no tendrá derecho a pedir revisión de su examen, pues sencillamente estamos ante un abuso de poder. No hay que olvidar que la mayoría de los docentes antes de ingresar al magisterio habían sido evaluados y avalados con título sus capacidades profesionales, así como también periódicamente son sometidos a cursos de actualización, por lo que se atropellan sus derechos laborales al obligarlos a un filtro más con el añadido de amenazarlos con el despedido si no lo aprueban. Lo ideal y justo sería que quienes no cumplan con el título que se requiere para ejercer la profesión se sometan a dicho examen, lo mismo que los nuevos solicitantes.
El magisterio hoy en rebeldía –etiquetado como vandálico desde ya hace mucho tiempo, con lo que se devalúa tan hermosa profesión– respalda su argumento no solo en cómo fue maquinada contra ellos la reforma educativa, que ya es constitucional, sino en los resultados de las primeras evaluaciones llevadas a cabo por el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), organismo creado exprofeso para depurar/expurgar el magisterio nacional con la justificación de obtener educación de calidad. La CNTE no confía en quien dirige al INEE, Sylvia Schmelkes, a quien se le liga a Televisa y Mexicanos Primero, grupo empresarial de ultraderecha que ha sido protagonista en el conflicto, primero, para exhibir la mala calidad de la educación pública de México –igual que en otros tiempos hicieron los medios empresariales encabezados por Televisa contra la UNAM y, recientemente, contra el IPN–, para lo cual realizaron una película (“De Panzazo”) donde exhibían las carencias con que los maestros más pobres trabajan en la mayor parte de las escuelas. Allí mismo exhibieron a quien sería su víctima, la dirigente del SNTE, la maestra Elba Esther Gordillo, a quien lograron encarcelar –y quién sabe si no con la anuencia de ella, ya que en esa esfera cualquier cosa es posible– y así enviar el mensaje de que esta vez iban en serio.
Luego, en una maniobra electorera del gobierno en las elecciones federales de junio, el secretario de Educación Pública suspendió indefinidamente la evaluación magisterial, con lo que creó un boquete jurídico por donde una vez más Mexicanos Primero entró, ahora para demandar penalmente al secretario, lo cual fue pura distracción, ya que nunca ocurrió en los hechos y, una vez consiguió el PRI ganar las elecciones en los bastiones de la CNTE –lo que generó sospechas de haberse prestado este a que así fuera–, se les giró órdenes de aprehensión a los líderes magisteriales, mientras que el secretario, quien sí transgredió la Constitución, no se le fincó ninguna responsabilidad. ¡Qué chulada!
Otro tema fue acusar a los líderes de ganar salarios estratosféricos sin hacer nada “olvidando” los medios contrastarlos con los sueldos reales de líderes como Carlos Romero Deschamps y la misma Elba Esther en su momento, priistas de toda la vida, quienes en las nóminas de sus sindicatos aparecían con sueldos miserables pero que se dan una gran vida de lujos sin hacer nada, solo controlar a sus huestes, lo mismo que hacen los líderes de la CNTE.
El gobierno en su momento interpuso una controversia constitucional en la SCJN contra las pretensiones de la CNTE de no ser evaluados –por lo menos en los términos en que las autoridades proponían–, la que resolvió que la evaluación iba porque primero estaban los niños y niñas del país que los maestros. ¡Qué absurdo! A leguas se notó que los magistrados –quienes han perdido otra vez la poca independencia ganada en los últimos años respecto del Ejecutivo– recibieron línea del presidente de la República, ya que les faltó elaborar un estudio más concienzudo del asunto y aceptar lo que se ha llamado interculturalidad (idioma autóctono y cultura propios, marginación y pobreza) no digamos de los oaxaqueños, sino de todos los grupos indígenas del país, donde 1 de cada 10 mexicanos lo es, y el propio INEE reconoce que en ese grupo el 19.2 % es analfabeta, esto es, tres veces más que la población no indígena.
El gobierno no solo logró que la SCJN avalara la evaluación de los docentes, sino también la degradación y despido de no aprobar uno de los tres exámenes a que tienen derecho para sostenerse en su puesto y quizá ascender –ello no es seguro en un sistema corrupto–. De igual manera, confirmó el despido en caso de incurrir en tres faltas consecutivas no justificadas, reglamentación ordinaria que se le exige a todo profesional que labora, solo que esta con dedicatoria a la S-XXII, a la que se acusó de transgredir la ley desde que tomó las riendas del IEEPO, en 1992, en complicidad con los gobernadores oaxaqueños en turno, así lo hayan omitido. La grave acusación respecto de las plazas heredadas o vendidas al mejor postor por la CNTE –esto sí un delito así se invoque como un derecho ganado o una tradición– con supervisión del SNTE y autoridades del IEEPO de toda laya pronto obtuvo consenso del rechazo unánime.
La Corte nunca antes había exigido lo que ahora es norma para los docentes; lo hizo cuando el gobierno se lo pidió, este, exigido a su vez por la OCDE –de la que México es miembro–, quien puso en la mesa la obligatoriedad de homologarse con sus pares en cuanto a educación se refiere. ¡Como si en verdad a las potencias ello les importara!
Lo anterior ha sido, grosso modo, lo que está a discusión entre ambos contendientes; sin embargo, no es todo. Hay en juego mucho más por parte de ambos adversarios. Veamos.
Quienes afirman que el Estado mexicano se moderniza para estar a la par de otras naciones con fama de civilizadas no tienen duda de que dicha vanguardia pasa por ofrecer una mejor educación pública que llaman de calidad. Invocan que México adolece de tal educación, por lo que urge crearla. Para ello creen que hay que expulsar del sistema “obsoleto” a quienes ganaron sus derechos laborales y no se muestran sumisos a dichos planes. Argumentan que no es posible que la decimocuarta economía mundial, México, tenga una educación pública deficiente a grado tal que muchos de los que aprendieron a leer y escribir en tiempo y forma terminan siendo analfabetas funcionales.
En contraparte, hay quienes afirman que lo que se busca es alinear a México a los dictados de las potencias extranjeras con sus organismos de avanzada como el FMI, Banco Mundial y la misma OCDE. Con ello, afirman, se pretende conseguir que los países miembros se desentiendan de la educación pública so pretexto de quitarle al Estado lo obeso y disfuncional que es. Esto significa convertir la educación en un negocio privado y a imitación de las naciones desarrolladas.
Muchos opinan que no es mala idea que la educación sea privada, ya que incide de manera directa en el desarrollo y la autonomía del individuo. En esa misma dirección inscriben a la salud y todos los servicios que por tradición ha venido prestando el Estado mexicano, lo que no se consiguió de la noche a la mañana ni de manera fácil.
En efecto, en países desarrollados, la privatización de los servicios ha sentado sus reales. Pero allí los ciudadanos no solo estudian y cuentan con trabajo al terminar sus estudios, sino que pagan altas sumas de impuestos por los servicios que reciben. Contribuciones que por ley son transparentes y tangibles en obras, no en informes demagógicos como ocurre en México. Así, el nivel de vida va acorde con otros elementos que lo facilitan: seguridad, oportunidades, seguros de desempleo, etcétera. Y, aunque dichas sociedades no están exentas de corrupción, esta se combate. Y cuando acontece una debacle económica todos se aprietan el cinturón –cierto que de manera desigual– y pagan las consecuencias de sus despilfarros.
En México no estamos ni cerca de ese modelo, tenemos solo aspiraciones de él. A nuestros políticos ineficientes, corruptos y caros se les ha metido entre ceja y ceja pertenecer a ese mundo que a ellos los deslumbró al estudiar en las universidades de dichos países. Ellos creen que debemos batear en dicha liga para no retrasarnos en nuestro desarrollo y posmodernidad. Solo que aplican una parte de la receta: aquella que les permite hacerse ricos ellos en detrimento de las clases más desfavorecidas. No solo eso, sino que dichos políticos – acompañados de la alta burocracia y la mayoría de empresarios– a la corrupción le añaden impunidad. De ahí que no les importe la suerte de docentes que serán despedidos ni las nuevas condiciones estresantes en que van a laborar quienes queden en sus puestos de trabajo, mucho menos el desajuste que todo ello tarde o temprano repercutirá en niños y niñas. Visto así, buscan algo parecido a una limpieza laboral que se asemeja a una limpieza étnica. Para nada piensan que si la educación está como está se debe al estado ruinoso en que todos tenemos al país.
Si hasta ahora no se ha podido implantar en México la receta neoliberal para que esta dé los frutos que se esperaba, se debe a esa corrupción e impunidad señalada. Y lo peor es que a la par de esa clase gobernante existe una ciudadanía que replica a su capacidad el mismo modelo de corrupción e impunidad. Es así como los gobernantes dosifican la democracia convirtiendo al gobierno en un ente con cara de benefactor. Y no lo es. En México se ha instalado la caridad del Estado para sus ciudadanos, quienes a cambio son sujetos de manipulación electoral. Ha sido tan exitoso ese modelo de los gobiernos que no existe solidaridad no digamos entre gremios de profesionistas, pero ni siquiera en el de trabajadores. Por eso Felipe Calderón liquidó al SME. A Enrique Peña Nieto le toca hacer lo mismo con la CNTE, los trabajadores de la salud y de petróleos. No se olvide que eso entienden ellos por modernidad.
La cosa va quedando cada día más clara: quieren todo el poder para ellos solos. La secretaria de Desarrollo Social, en Oaxaca, ya comenzó a amarrar la elección del año próximo al tirar 2500 millones de pesos. Liconsa no aumentó el precio de la leche, que en casi todo el país subió. ¡Y acusan a AMLO de populista! En Guerrero, estado donde la CNTE tiene influencia, ganó la gubernatura un priista, el que seguramente pronto endeudará la entidad que posee una de las deudas más bajas del país. En Michoacán ganó un perredista que dejó de ser oposición desde el primer día de este sexenio. En Chiapas se acaba de efectuar un megafraude a los ojos de todos, menos de los chiapanecos acorralados por las necesidades más elementales.
Ya no hay oposición verdadera en este país, cada quien se defiende como puede, cosa que le sienta de maravilla al gobierno. Ahora solo existen ambiciones de políticos que ayer fueron de izquierda y hoy ni sombra son. Y, para acabarla de amolar, la CNTE y la S-XXII siguen aferrados a usar las mismas estrategias y métodos de lucha de hace 35 años, cuando nació, la cual ya tiene harta a la población y da pie a que se piense que lo que buscan es su liquidación. Lástima, porque fue una legítima esperanza que, como muchas nacidas en este México –donde todo parece indicar se ha instalado la indiferencia ciudadana– no pudo ser la excepción que confirmara la regla. La corrupción y la impunidad los alcanzó. ¿O sería mejor decir que fue derrotado por sus adversarios infiltrados en sus filas y que no tuvieron la capacidad de autocriticarse? A lo mejor.
Por todo ello digo que se vivirá un momento histórico próximamente. Veremos si la CNTE es capaz de refundarse, de limpiarse y actuar de manera honesta, útil e inteligente, no con bravuconerías que ya a nadie asustan. Los mexicanos no queremos mártires, sino gente que en verdad defienda pacífica e inteligentemente su razón, sus derechos y cumpla puntualmente con sus obligaciones. El gobierno apuesta siempre por la dádiva para comprar voluntades y seguir detentando un poder que solo de nombre llaman democrático. Está demostrado que el Estado benefactor no combate la pobreza, ya que la limosna que da solo alcanza para unos días, no para toda una vida. Es indigna la limosna porque empobrece el espíritu de quien la recibe.
A lo anterior hay que añadir que tenemos justamente la educación que permite mantener ese estado de cosas: obediencia y sumisión a todo aquel que posea bienes, títulos, cargos, autoridad, etcétera. Una educación racista y discriminatoria, ya que somos una nación con una terrible desigualdad social que requiere educación de calidad, sí, pero una educación apegada a nuestra historia y manera de ser, no a los cánones extranjeros. Tener un modelo de educación en serie es el principio del exterminio cultural de los pueblos que, por muy “atrasado” que se les llame, tienen su propia educación y desarrollo, aquel que les corresponde y disfrutan, ya que les costó siglos en hacerla.
Ojalá que el conflicto magisterial se zanje de una manera civilizada: que quienes tengan sus plazas legítimamente ganadas las conserven y quienes las hayan obtenido a base de corrupción se vayan a buscar el trabajo que se merecen.
Tomada de www.sinembargo.mx