La ola de violencia que ha azotado a nuestro país durante los últimos 10 años ha acabado con las ilusiones y esperanzas de muchos niños y jóvenes. Nuestro país se ha convertido en una tierra de horrores donde los asesinatos parecen ser parte de la vida cotidiana, pero la gota que derramó el vaso con agua es el caso Ayotzinapa. Ante esta situación, el pueblo mexicano ha dado muestras de su cansancio y exige justicia. Ya no queremos pactos, como lo propone la clase política mexicana, sino que exigimos la verdad de los hechos y que se castigue a los responsables de esta tragedia. Lo grave es que la sociedad ha dejado de confiar en las instituciones. ¿Quiénes confían en la PGR? ¿Quiénes le creen a los jueces? ¿Quiénes confían en los políticos? ¿Quiénes consideran como fiables las investigaciones de los agentes del Ministerio Público?
Sin embargo, en esta ocasión, mi enfoque estará dirigido a las políticas públicas que han dominado la esfera de los asuntos de seguridad nacional en las últimas décadas: la lucha contra el narcotráfico.
Mientras a México la guerra contra las drogas le ha costado cientos de miles de muertos, corrupción en todos los niveles de gobierno e impunidad de los crímenes, en algunos estados de los Estados Unidos de América, como California, Washington y Colorado, se ha aprobado la legalización de la mariguana para uso medicinal y, en algunos casos, para uso recreativo.
Mientras para nosotros esta guerra ha significado una verdadera pesadilla, para los Estados Unidos ahora es el cannabis –nombre científico de la mariguana– el que ha abierto la oportunidad para recaudar millones de dólares al gravar la venta de este producto.
Mientras se ha militarizado la vida pública de nuestro país en una lucha que parece no tener fin y donde se nos quiere vender la idea de que el gobierno va ganando la batalla, en Estados Unidos se ha abierto un debate serio respecto a legalizar la mariguana en todo ese país.
Mientras entidades como Guerrero, Tamaulipas, Veracruz y Michoacán viven un estado de descomposición social con gobiernos infiltrados por el crimen organizado y policías al servicio de los cárteles, grandes empresarios, políticos y miembros de la sociedad civil de los Estados Unidos han invertido millones de dólares en una campaña para despenalizar las drogas, tal como sucedió con el alcohol hace muchos años, lo cual terminó con el negocio de los grandes capos del contrabando. No es casualidad que un empresario como Brendan Kennedy haya invertido cantidades millonarias en este nuevo negocio y mediante los datos arrojados por las encuestas que han realizado intentan demostrarle a los legisladores norteamericanos que ha llegado la hora de sacar la mariguana de las sombras y posicionarla como un producto más.
El punto no es si la mariguana debe ser legal o no, o si la mariguana es el nuevo negocio del siglo XXI, el asunto es por qué en México la clase política no ha querido debatir este tema. No ha habido ningún legislador que abra un foro de diálogo serio ni tampoco alguien que se atreva a poner las cartas sobre la mesa. No es posible que el país con el mercado más grande de consumidores esté haciendo un cambio radical en el enfoque de la lucha contra las drogas, mientras que en México se siga esta lucha retrógrada y se sigan poniendo los muertos en un juego que genera millones de dólares para unos cuantos.
Pero no solo Estados Unidos ha cambiado sus políticas de seguridad, sino también lo han hecho Uruguay y Holanda; otros como Colombia, Brasil y Argentina han iniciado una discusión seria sobre este asunto. De acuerdo con algunas versiones de especialistas sobre este asunto, el tema del mercado de las drogas es un cuento sin fin, donde cada vez que el gobierno detiene a algún líder de un cártel, otros jóvenes se disputan la vacante. Si se logran poner de acuerdo, el cártel solo cambiará de cabecilla, pero, si no lo hacen, terminarán fragmentándose de tal forma que se formarán muchas células del narcotráfico. Ante tal escenario de multiplicación y del aumento de la oferta del producto, el precio de las drogas iría a la baja, lo que se traduce en que estará al alcance de más jóvenes. Si no están de acuerdo con esto, denle un vistazo a la última Encuesta Nacional de Adicciones en México: el consumo, lejos de bajar, ha aumentado.
Ante tales evidencias, ¿cuál será la razón por la que no se ha querido reconocer el fracaso de las políticas encaminadas a criminalizar las drogas? ¿Será que, si se les quita el mercado a los narcotraficantes, los “encargados de la seguridad” ya no decomisarían los millones de dólares en los operativos de detención? ¿Será que se les puede acabar el negocio de los moches o, bien, será que se les acabaría el negocio a las empresas que le suministran armas al ejército y a la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Y ustedes por qué piensan que no lo han hecho?
Nosotros seguimos poniendo los muertos
Florentino Cabrera García
