Uno de los temas más destacados en los medios de comunicación en los últimos meses han sido las recientes reformas estructurales, propuestas por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y recientemente aprobadas por los órganos legislativos de nuestro país. Dentro de este paquete de reformas, el tema más polémico y debatido es el de la apertura del sistema petrolero a la iniciativa privada. Indudablemente, el tema del petróleo es un asunto que involucra sentimientos encontrados: entre los que defienden la tesis de que el petróleo tiene que ser exclusivamente propiedad de la nación y aquellos que ven con buenos ojos la privatización de este sector.
No cabe duda que tenemos que respetar los diferentes puntos de vista sobre este asunto porque no hay mejor camino para construir un mejor país que tener una ciudadanía bien informada y que utilice las ideas y el debate como instrumentos de lucha. La confrontación no nos llevará a ningún camino si no tomamos como bases la crítica constructiva y la justicia social.
En esta ocasión, trataré de exponer el tema del desarrollo económico entendido desde el punto de vista de la teoría económica como aquella que representa una mejora en la calidad de vida de una sociedad. Es decir, que el bienestar se mide en términos cualitativos y no cuantitativos, como un incremento del nivel de educación, de salud, de disminución de la pobreza y de un aumento en la participación ciudadana.
Derivado de lo anterior, podemos decir que uno de los grandes anhelos de cualquier sociedad es alcanzar un cierto nivel de desarrollo que le permita abatir los grandes males de nuestro sistema económico. En ese sentido, el desarrollo económico debería ser la prioridad para nuestro país y para cualquier sociedad.
El petróleo es un recurso natural escaso, y nuestro país cuenta la fortuna de tener enormes reservas de este hidrocarburo. Además, seguramente también contamos con grandes yacimientos en aguas profundas, especialmente en el Golfo de México. El petróleo tiene una característica especial: es un recurso de bajo costo y de un gran valor de mercado, es decir, que cuesta poco y vale mucho en el mercado internacional, lo que se traduce en un negocio muy rentable. De ahí el interés de muchas entidades por hacer negocios en este sector.
En 2012, México fue el tercer país productor de petróleo en el continente americano, detrás de los Estados Unidos y Canadá, y el noveno a nivel mundial, lo que nos da una idea de lo importante que es el petróleo para nuestra economía, tanto así que se puede decir que nuestra economía está petrolizada porque los ingresos del país dependen del precio de este hidrocarburo en el mercado internacional, de ahí que se tome el precio estimado por barril como base para calcular el Presupuesto de Ingresos de la Federación.
Por ello, en este artículo destaco lo importante que es el petróleo para inyectar recursos a nuestra economía y financiar nuestro desarrollo económico. La pregunta eterna es ¿por qué no se ha logrado el desarrollo económico desde la privatización del petróleo, en 1938?
Para empezar a responder la primera pregunta, tendremos que remontarnos a la
nacionalización del petróleo, en 1938, y la creación de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual, sin lugar a dudas, creó una gran expectativa entre los mexicanos y fue un proyecto llevado a cabo para financiar el desarrollo económico. La expectativa estaba basada en que con los recursos del petróleo se pudieran financiar proyectos que pudieran ayudar a apaciguar las grandes carencias sociales del país; sin embargo, los resultados no fueron los esperados.
En ese orden de ideas, puedo enumerar 3 factores que, desde mi punto de vista, no permitieron que el petróleo se convirtiera en la llave para abrir la puerta del desarrollo de México.
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La falta de continuidad en las políticas en materia energética. Esto se debe a que el petróleo formó parte de las políticas del gobierno en turno y no del Estado mexicano. Así, podemos recordar que la nacionalización petrolera de Cárdenas no tuvo la continuidad de sus sucesores. Tampoco hubo un plan que diera continuidad a la aplicación de los beneficios obtenidos del petróleo. Es decir, mientras que la prioridad para Adolfo López Mateos fue la educación, para López Portillo lo fue la creación de empleos a través del gasto público. No quiero decir que los gobiernos no puedan utilizar los recursos en el rubro que mejor les parezca, pues, seguramente, muchos los utilizaron para financiar comicios electorales, me refiero a la falta de continuidad, que es propia del sistema político mexicano, que no permite la reelección. Por ejemplo, cuando un presidente, que tiene un periodo de 6 años de gobierno, inicia la construcción de una refinería, la construcción de esta puede tardar hasta 4 años en terminarse, por lo que el presidente que inició la obra no tendría tiempo de disfrutar de los beneficios de la misma, así que el objetivo original de la construcción de esa refinería podría ser muy distinto a la del nuevo presidente.
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Falta de inversión en la investigación y desarrollo del sector petrolero. Este rubro es clave para que cualquier país dé el siguiente paso para alcanzar el desarrollo. Se necesita pasar de ser exportador de crudo a exportador de productos refinados y procesados. El primer centro de investigación y de formación de capital humano que se formó fue el Instituto Politécnico Nacional. No obstante, no hubo una continuidad para seguir abriendo centros de investigación en las que los científicos mexicanos pudieran generar opciones de tecnología que nos pudieran ayudar a dejar la dependencia tecnológica.
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La corrupción. Los recursos económicos obtenidos por el petróleo fueron derrochados en campañas políticas y programas sociales populares que lo único que hicieron fue crear un clientelismo electoral. El fondo de estabilización petrolera fue una especie de control del Gobierno hacia los gobernadores. Lo grave es que no hubo rendición de cuentas ni fiscalización para Pemex, así como tampoco lo hubo para auditar los contratos millonarios que se firmaron con otras empresas. Ni qué decir del sindicalismo corrupto que, por años, saqueó las arcas petroleras sin que algún gobierno se atreviera a detener, y si hubo alguna acción al respecto, esta solo respondió a intereses políticos, como en el caso de “La Quina”.
La reciente reforma al sector petrolero no implica cambio alguno en los factores que he enumerado, sino que acepta la participación del capital privado en las tareas que antes eran exclusivas de Pemex. Con todo esto, difícilmente habrá posibilidad de desarrollo, pues Pemex, aun con la ronda cero, que le permitiría seguir controlando algunas actividades, tendrá que compartir el resto de las operaciones con las empresas privadas, por lo que las ganancias que obtenga de ellas operarán en función de la rentabilidad del negocio. Siendo así, exportar el crudo seguirá siendo el patrón de este sector, y, si se quiere ganar más, se tendrá que ampliar la producción, es decir, generar más barriles de petróleo al día.
Es cierto que con la reforma petrolera habrá un mayor crecimiento económico, si la economía se mide con base en el PIB (Producto Interno Bruto), que no es otra cosa que la medición monetaria de los bienes y servicios que se producen en el país, pero eso no significa que habrá más educación, menos pobreza ni un alza en la capacidad adquisitiva de los salarios de los mexicanos. Al capital privado no le va a interesar invertir en infraestructura ni en investigación, mucho menos en la generación de tecnología. Si alguna vez tuvimos la oportunidad de utilizar el petróleo para generar desarrollo, esa ya la perdimos. Habrá que buscar nuevas opciones.
Lo que sí está en manos del Gobierno actual es combatir la enorme corrupción que está infiltrada en todos los niveles del gobierno y que, de acuerdo con las cifras recientes del Consejo Coordinador Empresarial, al país le cuesta cerca del 10% de su PIB. No será fácil la tarea en este rubro, pues implica tener que hacer una gran depuración de los cuerpos policiacos del país y acabar con la impunidad que impera en algunas regiones. Además, habrá que mejorar el sistema de fiscalización y de rendición de cuentas para que todos los funcionarios que ocupen algún cargo de elección popular puedan rendirle cuentas a su ciudadanía. Este es el verdadero reto para cualquier gobierno, independientemente del partido político que represente. Tal como lo dijo el economista Rogelio Ramírez de la O: “Si lo logra, será ampliamente aplaudido, aunque en los hecho luce muy complicado”.
¿Qué perdimos con la reforma energética?
Florentino Cabrera García
