Panóptico Ixhuateco

Uno de los recuerdos amargos que dejó la administración de Felipe Calderón durante los seis años de su gobierno fue la inseguridad, o, bien, la guerra contra el narcotráfico, como algunos periodistas la bautizaron. De acuerdo con algunas organizaciones civiles, como el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, se calcula que hubo más de 100,000 muertos durante ese periodo, lo que nos da una idea escalofriante del costo que tuvo esta guerra para la sociedad.

 

El gasto público en seguridad se incrementó estratosféricamente desde el sexenio pasado; no obstante, el balance ha sido negativo en el sentido de que los resultados no han sido los esperados y de que no ha existido un mecanismo de rendición de cuentas ni de transparencia en los proyectos y adquisiciones que se han llevado a cabo, bajo el amparo de la reserva que le otorga la Ley de Acceso a la Información Pública por tratarse de temas que pudieran comprometer la seguridad nacional. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber si los recursos se aplicaron correctamente? ¿Dónde se canalizó la mayoría de los recursos? ¿Cuáles fueron las empresas que se beneficiaron del gasto?

 

De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, la inseguridad le cuesta al país alrededor del 2 por ciento de su Producto Interno Bruto, lo que significa que nuestro país se vuelve poco atractivo para los inversionistas y turistas extranjeros, con lo que pierde oportunidad de captar inversión extranjera que pudiera generar miles de empleos.

 

En este orden de ideas, podemos enumerar muchos otros factores que han sido afectados por la inseguridad, pero no es el objetivo de este artículo. El asunto es que, a pesar de que se han invertido millonarios recursos financieros, no hemos tenido éxito en resolver el problema de la inseguridad, y lo más grave es que hoy tenemos los mismos problemas del sexenio anterior y no parece que haya una pronta solución para ello. Si bien el lanzamiento de la Gendarmería Nacional es un buen inicio para construir una institución civil de seguridad pública, todavía habrá que darle tiempo para evaluar sus resultados; además, el número de elementos de esta nueva policía es insuficiente para hacerle frente a los numerosos problemas del país.

 

La participación del ejército en los asuntos de seguridad pública fue cuestionada desde el principio, ya que existieron recomendaciones de organizaciones civiles que advirtieron del riesgo de involucrar a los militares en la seguridad pública con el argumento de que el ejército fue diseñado para la defensa nacional y no para realizar actividades de seguridad pública. Las advertencias señaladas se han vuelto realidad y hoy tenemos varios casos de violaciones severas a los derechos humanos, como el de Tlatlaya, en el Estado de México.

 

A pesar de lo anterior y del riesgo de deteriorar más la imagen de la institución más prestigiada para los mexicanos -de acuerdo con la última encuesta de México, las Américas y el Mundo-, no existe otra opción para hacerle frente el crimen organizado. Por mucho que se criticó al entonces presidente Felipe Calderón por sacar al ejército de sus cuarteles, hoy más que nunca podemos decir, tristemente, que tenía razón. Los focos rojos de inseguridad siguen concentrados en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, el Estado de México, entre otros, pero el gran problema es que la corrupción ha permeado a las policías municipales y estatales, por lo que se ha generado un clima de ingobernabilidad en algunas partes de esos estados.

 

Es fundamental reconfigurar la figura de los policías municipales, que, sin duda, se han vuelto obsoletos en el contexto actual. Si bien este tipo de policías tienen como función atender delitos del fuero común, orden y vigilancia, la realidad de hoy es distinta. Ayer se trataba de delincuentes aislados, hoy se trata de redes de delincuentes nacionales, o incluso transnacionales, que no solo tienen como objetivo hurtar, sino que secuestran, extorsionan y generar pánico entre la sociedad.

 

Las policías municipales representan la parte más vulnerable de la estructura de seguridad, a menudo están mal entrenadas o incluso no cuentan con ningún curso de entrenamiento previo; tampoco poseen las armas adecuadas para hacerle frente a los delincuentes; están mal pagadas, lo que las hace susceptibles a la corrupción, y no cuentan con capacitación en temas de derechos humanos, a veces ni siquiera conocen los límites de sus funciones. Lo anterior hace que los policías locales sean incapaces de poner orden en sus comunidades y que frecuentemente comentan abusos  en “nombre de la ley”.

 

El reciente caso de los 47 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, ubicada en la comunidad de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero, ha encendido nuevamente las alarmas en todo el país, pues hay versiones que señalan que fue la policía municipal la que disparó contra ellos y la que probablemente fue responsable de las desapariciones. Es lamentable y condenable que este tipo de crímenes sucedan en nuestro país, más cuando se trata de estudiantes provenientes de comunidades rurales que buscaban el progreso de sus familias mediante la educación normalista, por lo que exigimos justicia a nuestras autoridades para que este caso no quede impune.

 

Los tres niveles de gobierno, los partidos políticos y los órganos legislativos tienen el reto de trabajar en la agenda legislativa por el tema de la seguridad de los municipios, ya que, definitivamente, las policías locales no han podido brindarnos seguridad. No queremos más casos de abuso de poder ni que nos vigilen policías al servicio del crimen organizado.