Tres años de trabajos, de diálogos, de encuentros ente víctimas, quienes al escucharse se vieron acompañados por otros victimizados. En estos tres de sus 35 años de trabajo, el Tribunal en el Capítulo México ha llegado a fin.
Este 12 al 15 de noviembre dictó sentencia. El texto es amplio, aquí me refiero a un párrafo:
“El Estado mexicano, en su nivel municipal, estatal y federal, tiene asimismo responsabilidad por la violación de los derechos recogidos en el propio texto de la Constitución Mexicana. Tiene responsabilidad por desvío de poder (tal como fue definido por la Comisión Interamericana de derechos humanos en el caso Gallardo, Informe 43/96), materializado en desamparo institucional, delegación irresponsable de funciones esenciales, privatización de espacios y servicios públicos con graves consecuencias para la salud o integridad (como mostró el caso de la guardería ABC), abandono del rol de protección de derechos económicos, sociales y culturales, degradados a mera función de beneficencia o menospreciados, uso excesivo de la fuerza pública para reprimir manifestaciones sociales (grupos de choques, desplazamientos forzados), y aquiescencia y complicidad con el accionar delictivo de las empresas transnacionales condenadas en esta sentencia, entre otras.
“El Estado mexicano, finalmente, tiene en sus tres niveles responsabilidad específica por su acción e inacción en materia de derecho al medio ambiente sano, que han dado lugar a una situación de catástrofe ambiental. El Estado actuó como fiador de la impunidad ambiental, debido a una política de doble discurso de defensa de los derechos humanos y dictado simultáneo de leyes que los vulneran al punto que las instituciones ambientales se han convertido en meras procesadoras de trámites y autorizaciones de impacto ambiental a negocios privados”.
Se condena un innumerable etcétera de delitos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Peña Nieto.
Es tarea del tribunal dar una sentencia, es deber de quien tiene el servicio del ejercicio de la autoridad ejecutar la sentencia dictada. En este caso, nos referimos al tribunal permanente de los pueblos, por tanto, son los pueblos que habitamos el México que ahora vivimos a quienes nos corresponde ejecutar la sentencia.
Cómo ejecutar la sentencia:
En primer lugar, es necesario tener en consideración el nivel al cual estamos participando. A quienes vivimos en Ixhuatán nos corresponde aplicar la sentencia al nivel al que vivimos y preguntaros ¿desde cuándo se ha dejado morir la naturaleza?
Hace varios años realicé una colecta de información en las comunidades de donde fui enterándome que en los años 80, es decir, después de la restitución de las tierras a San Francisco, se hizo una tala salvaje de nuestra flora y fauna nativa y en su lugar instalaron el monocultivo del mango, actividad que hasta ahora sigue creciendo. En nombre del desarrollo y el progreso se mató la vida; después de esos años, los pescadores y los campesinos empezaron a quejarse de la escasez.
En mi lectura, me atrevo a decir que los huaves no lograron una victoria al tener un título de restitución, que no fueron ellos los autores intelectuales de la fundación de Pueblo Nuevo. A eso actualmente le podemos llamar desplazamiento de un pueblo indígena y, por lo tanto, genocidio porque al movilizarlo se asesinó su arraigo, su arquitectura, su forma de ganarse la comida, su forma de tatar a la madre tierra. La restitución fue la condena a ser cómplices del deterioro ambiental (reconozco que han tomado parte de su responsabilidad y han cuidado amablemente lo que ahora poseen).
En Ixhuatán, ¿desde cuándo hemos permitido que en nombre del progreso y del desarrollo se destruya la vida? ¿Cómo toca juzgar y ejecutar la sentencia a los responsables de que los pobres hayan migrado a otros estados y países? En esa migración son varios los que han desaparecido sin que haya un responsable de tal desaparición.
Si no hay culpable, sí hay responsables porque es responsabilidad de la autoridad municipal velar por que haya condiciones de vida y de trabajo dignas para las personas sin que para ello haya que comprometer el territorio.
El texto y audios de la sentencia final pueden ser revisados en http://www.tppmexico.org/. Por mi parte, puedo añadir que, ante una condena internacional a los procesos de desarrollo que hemos mantenido en este país y en este estado, se vuelve necesario valorar la mecánica del proceso para reconocer los avances y retrocesos de lo que hemos sido parte.
Y toca, como lo dice la sentencia, refundar el país, el estado, el municipio. Esta refundación habrá que hacerla desde la vida, desde el tejido social, desde la vida colectiva y no desde los parámetros economicistas que nos han llevado a una verdadera crisis del planeta.
Refundar el municipio no necesita de gobiernos, se necesita de gente capaz de arriesgar el todo por el nada, capaz de amar la vida, de sentir el dolor ajeno como propio, de vivir feliz aunque no haya nadie que te lo agradezca, de soñar que hay una vida más allá de esta vida (que no es después de la muerte, sino de esta vida colonizada y sometedora). Necesita de gente capaz de morir en la soledad y el abandono con una sonrisa de satisfacción por haber vivido hasta el límite de esta vida.
Por esto, opino que las y los ixhuatecos deben declararse en contra de las mineras, salineras y eólicas y debemos llamarnos para encontrarnos y platicar cómo debe ser Ixhuatán dentro de 50 años. Esta es la hora de ser Ixhuateco/as.
Vivir hasta el límite
Manuel Antonio Ruiz
