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Revuelo ha causado entre los ixhuatecos –y entre los oaxaqueños en general– una investigación publicada por El Universal el pasado jueves 23 y la cual presenta datos de la SEP que sostienen que políticos oaxaqueños en funciones han cobrado de la nómina magisterial del IEEPO pese a que la Ley de Servicio Profesional Docente plantea que los profesores que se encuentren trabajando como funcionarios públicos deben separarse de su cargo académico sin goce de sueldo.

 

La cifra que ha provocado polémica asciende a 916 mil 589.48 pesos repartidos en 10 funcionarios, de los cuales, de acuerdo con la indagatoria, la diputada ixhuateca del PRI, María Luisa Matus Fuentes, ha sido la mayor beneficiada con 175 mil 980.99 pesos en los primeros tres meses de 2015. Las reacciones no se han hecho esperar, y tanto dentro de la burocracia como en la sociedad civil se ha exigido que se investigue y se proceda conforme a la ley en este asunto.

 

Por su parte, Matus Fuentes señaló que desde febrero pasado fue dada de baja de la nómina del IEEPO y que el trámite ante el ISSSTE no ha concluido. Asimismo, indicó que ve en esta información un golpeteo a causa de los cambios que está experimentando la educación oaxaqueña.

 

Serán las autoridades competentes (en este caso, la Auditoría Superior de la Federación) en función de los elementos que se presenten quienes lleven las indagatorias al destino que procedimentalmente se determine. En lo que en este escrito me interesa hacer énfasis es en lo positivo que resultan la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades en todos sus niveles para la ciudadanía en su conjunto.

 

Ya Florentino Cabrera expresó en este medio su preocupación ante la falta de portales de acceso a la información (como el de donde El Universal obtuvo los datos de su publicación) sobre cómo se ejerce el erario por parte de autoridades que tienen alguna relación con nuestro pueblo, que, sostuvo, invierten mucho en publicidad y poco en transparencia. Exigencia que, por cierto, provocó la molestia de un funcionario ixhuateco y sus allegados. En el mismo sentido, realicé solicitudes de información y recursos de revisión ante las autoridades competentes sobre el dinero destinado a la alcaldía de Ixhuatán en los últimos trienios sin hasta ahora obtener respuesta, lo cual derivó en una publicación a la que titulé “Opacidad municipal en Ixhuatán” por las razones que en esa oportunidad expuse.

 

Tanto indagatorias como la de El Universal como las exigencias que los ciudadanos independientes hacen en lo que respecta al acceso a la información deben ser tomadas en cuenta por quienes manejan el dinero de la sociedad. La “caja de cristal” de la que habló Felipe Calderón al iniciar su gobierno merece ser llevada a las ventanas de los mexicanos a fin de que estos vigilen el uso que se hace de los recursos públicos.

 

Quienes exigen rendición de cuentas ejercen la ciudadanía con responsabilidad. Es obligación de todos los ciudadanos poner el dedo en la llaga y presionar para que la información sobre el gasto de los burócratas se encuentre siempre a disposición de quien se interese en consultarla. Habrá que estar atentos a lo que resulte de la investigación del diario de Juan Francisco Ealy Ortiz (si es que va más allá de una nota en la web) y, por nuestra cuenta, realizar las que estén a nuestro alcance –y más allá– para conocer cómo se mueven los hilos de la política y la administración pública. Es tarea conjunta.

Para eso sirve la rendición de cuentas

Michael Molina

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